Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el mando y administración de la Guardia Nacional: Un llamado a la claridad en la definición de roles y responsabilidades en materia de seguridad en el país.

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Isaías Flores G.

4/21/2023

Hace algún tiempo impartí la asignatura "Normatividad de los servicios de seguridad pública" a estudiantes de la licenciatura en Criminología y Seguridad Pública. Durante la primera clase, después de explicar el concepto de seguridad pública, centramos nuestra atención en analizar párrafo por párrafo el artículo 21 de la Constitución, enfocándonos en los principios rectores de actuación de las instituciones de seguridad pública y sus características.

En particular, la Constitución establece que las instituciones de seguridad pública deben actuar de acuerdo con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Además, dispone que estas instituciones deben ser de carácter civil, disciplinado y profesional.

A través del análisis del artículo 21 de la Constitución y los principios rectores de actuación de las instituciones de seguridad pública, mis alumnos comprendieron que estas instituciones, que garantizan la seguridad y protección de la población y mantienen el orden público, deben estar integradas por civiles. No es una opinión personal, sino una característica establecida por la Constitución; Las instituciones de seguridad pública deben ser civiles, disciplinadas y profesionales para cumplir con sus objetivos de prevenir y combatir los delitos y la violencia, y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, este entendimiento es fundamental para cualquier persona que estudie o trabaje en el ámbito de la seguridad pública.

Además de las instituciones de seguridad pública, las fuerzas armadas también tienen un papel fundamental en la protección de la nación contra amenazas externas. Si bien es cierto que las instituciones militares se caracterizan por la disciplina y la jerarquía, y que el entrenamiento y la preparación que tienen son fundamentales para el desempeño de sus funciones, es importante destacar que estos aspectos no son las cartacterísticas que como parámetro debemos usar para la perspectiva con la debemos ver la función de las fuerzas armadas. Recordemos que el objetivo principal de las instituciones militares es proteger a los ciudadanos de la nación contra amenazas externas, lo que implica la necesidad de utilizar la fuerza militar para prevenir o responder a conflictos bélicos. La disciplina y el entrenamiento son herramientas importantes para lograr este objetivo, pero su importancia radica en su capacidad para garantizar que las instituciones militares estén preparadas para cumplir con su responsabilidad de defender a la nación, en esencia, al Estado Mexicano de ataques a su soberanía.

En el contexto de la protección de la nación, es fundamental reconocer la importancia de las instituciones militares en la defensa contra amenazas externas. Sin embargo, como se ha discutido anteriormente, las instituciones de seguridad pública deben ser civiles, disciplinadas y profesionales, y tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos mexicanos en su vida cotidiana. Mientras tanto, las instituciones militares tienen la responsabilidad primordial de defender la soberanía nacional y la integridad territorial del Estado Mexicano, y su función esencial debe estar siempre acotada al fuero militar debido a su naturaleza y objetivo. En conjunto, estas instituciones trabajan para garantizar la protección y seguridad del país y sus ciudadanos.

Para garantizar la seguridad y protección de la nación y sus ciudadanos, es fundamental que las instituciones de seguridad pública y las instituciones militares trabajen juntas de manera complementaria y coordinada, cada una en su respectivo ámbito de competencia. Las autoridades civiles tienen la responsabilidad primordial de proteger a los ciudadanos en su vida cotidiana, mientras que las fuerzas armadas tienen la responsabilidad primordial de defender la soberanía nacional y la integridad territorial del Estado Mexicano. Si bien las fuerzas armadas pueden brindar apoyo en situaciones de emergencia o en tareas específicas relacionadas con la seguridad pública, su colaboración debe ser regulada y limitada para evitar violaciones graves a los derechos humanos. En conjunto, estas instituciones trabajan para garantizar la seguridad y protección de la nación y sus ciudadanos, cada una en su respectivo ámbito y con respeto a la ley y los derechos humanos.

Después de haber discutido la complementariedad entre las instituciones de seguridad pública y las instituciones militares, se hace evidente que cada una tiene su papel y responsabilidad específica en la protección y seguridad de la nación. En este sentido, la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 18 de abril de 2023, en la que se establece que la Guardia Nacional debe ser una dependencia de la Secretaría encargada del ramo de la Seguridad Pública, es adecuada y coherente con las atribuciones constitucionales de las autoridades civiles en materia de seguridad pública.

Sin embargo, ha habido disidencias sobre esta resolución, y algunos han argumentado que las instituciones militares pueden ser consideradas como civiles debido a que dependen del ejecutivo y forman parte de la administración pública federal. Sin embargo, esta postura no toma en cuenta el fuero militar, que implica que las instituciones militares no responden por sus actos ante autoridades civiles, sino que tienen su propio régimen de responsabilidades ante las autoridades militares, es decir, el fuero de guerra. Este fuero, previsto por el artículo 13 Constitucional, ha subsistido desde la promulgación del texto constitucional de 1917, y sigue vigente en la actualidad.

En este sentido, es importante reconocer que las instituciones militares pueden coadyuvar con las autoridades civiles en actividades de seguridad pública, pero su papel y responsabilidad primordial es la defensa de la soberanía nacional. Por lo tanto, es incorrecto considerar a las instituciones militares como civiles, como se ha argumentado en algunas ocasiones. La complementariedad entre las instituciones de seguridad pública y las instituciones militares es fundamental para garantizar la protección y seguridad de la nación y sus ciudadanos, pero cada una debe trabajar en su respectivo ámbito de competencia

La discusión y la resolución de la Corte sobre el mando y administración de la Guardia Nacional no solo debe ser vista en términos de atribuciones y competencias de las instituciones de seguridad pública, sino también en términos presupuestales y sociales. Por un lado, la definición clara de las atribuciones de las instituciones civiles y militares en la seguridad pública es fundamental para garantizar la eficacia y eficiencia de los recursos destinados a esta tarea, evitando superposición de funciones y optimizando el uso de los recursos disponibles. Esto es particularmente importante en un contexto de limitaciones presupuestales y de recursos humanos en la administración pública.

Por otro lado, la seguridad pública es un tema que tiene un impacto directo en la vida de los ciudadanos y en la calidad de vida en la sociedad en general. La claridad en las atribuciones y responsabilidades de las instituciones de seguridad pública contribuye a mejorar la percepción de seguridad y confianza de la población en estas instituciones, lo que a su vez puede fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.

Es importante destacar que el debate sobre el papel de las instituciones militares en la seguridad pública no es nuevo en México, y ha sido objeto de discusión y análisis en distintos momentos históricos del país. La resolución de la Corte en este sentido contribuye a clarificar y consolidar la postura del Estado mexicano en relación con la función de las instituciones militares en la protección y seguridad de los ciudadanos.

La decisión como se adelantó, tiene implicaciones tanto presupuestales como sociales que no deben pasar desapercibidas ya que Según el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023, el presupuesto asignado a la seguridad pública es de $100,028,568,587 (cien billones veintiocho mil quinientos sesenta y ocho millones quinientos ochenta y siete mil quinientos ochenta y siete pesos). De este presupuesto, el 67.8% corresponden al presupuesto asignado a la Guardia Nacional, es decir, $67,826,700,000 (sesenta y siete mil ochocientos veintiséis millones setecientos mil pesos).

Por otro lado, el hecho de que las Fuerzas Armadas hayan sido responsables del 63.8% de los casos (192 de los 301 casos totales) de violaciones graves a los derechos humanos, según datos de México Unido Contra la Delincuencia con información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es sumamente preocupante. Estos datos muestran que dos de cada tres casos de violaciones graves a los derechos humanos fueron cometidos por el Ejército o la Marina, lo que ha generado una falta de confianza en estas instituciones por parte de la sociedad.

En conclusión, la decisión tomada por la SCJN de limitar la actuación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública es congruente con lo establecido por la Constitución. Como se ha mencionado anteriormente, la seguridad ciudadana es responsabilidad de las autoridades civiles y las fuerzas armadas solo pueden coadyuvar en situaciones excepcionales. El fallo de la corte reafirma la importancia de proteger los derechos humanos y garantizar la protección de la ciudadanía. Además, este resultado muestra la independencia judicial y la capacidad del sistema de justicia para defender la legalidad y el bien común.

Tras el análisis realizado, queda claro que la definición de roles y responsabilidades en materia de seguridad en nuestro país es fundamental para el fortalecimiento del estado de derecho y la protección de los derechos humanos. La resolución de la SCJN sobre el mando y administración de la Guardia Nacional es un paso importante hacia la consolidación de una cultura de la legalidad y el pleno respeto a los derechos humanos en nuestro país. Como ciudadanos y servidores públicos, es nuestra responsabilidad actuar en estricto apego a la legalidad y los derechos humanos, velando en todo momento por el cumplimiento y prevalencia del Estado de Derecho en México. Solo así lograremos una sociedad más justa, pacífica y segura para todos.