La prisión preventiva oficiosa en México y su inconvencionalidad: Un problema sistémico que finalmente enfrenta una condena anunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El fallo histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¿Pondrá fin a la prisión preventiva oficiosa en México?

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Isaías Flores G.

4/13/2023

brown and white short coated dog in cage
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El 27 de enero de 2023, el Estado Mexicano fue notificado formalmente de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró la figura del arraigo y la prisión preventiva oficiosa como violatorias de los derechos humanos. Sin embargo, algunos argumentaron que la sentencia no trató completamente el tema de la prisión preventiva oficiosa tal como se contempla en el artículo 19 de la Constitución. Además, hubo debates sobre la supremacía constitucional en relación con la contradicción de tesis 293/2011 del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En aquella ocasión, tuve la oportunidad de participar en un panel de discusión junto a la Dra. Carla Pratt y el Juez Federal Eduardo Osorio. Juntos, fuimos invitados por el Dr. Miguel Carbonell para compartir nuestros puntos de vista sobre la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En mi opinión, dicha sentencia representó un destello de esperanza después de más de 14 años desde la creación de la figura de la prisión preventiva oficiosa en la reforma constitucional de 2008. No obstante, algunos sugirieron que quienes participamos en el panel éramos abolicionistas de la prisión preventiva, y que no considerábamos la grave crisis de inseguridad que afecta a nuestro país.

Es evidente que hay opiniones divergentes en cuanto a este tema y es probable que así siga siendo. Por un lado, quienes entendemos la importancia del respeto a los derechos humanos, incluyendo el debido proceso y la seguridad jurídica. Estos derechos son inherentes a todas las personas, independientemente de cualquier condición personal.

Por otro lado, hay quienes, desde una perspectiva de política criminal, sostienen que la violación de los derechos humanos puede justificarse en situaciones excepcionales, en las que el Estado se haya visto rebasado por el fenómeno delictivo o no haya sabido implementar una estrategia adecuada para equilibrar la restauración del orden con el respeto a los derechos humanos de todas las personas.

Desde esas perspectivas, en la sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó la importancia del derecho humano a la libertad, que si bien no es absoluto, solo puede ser restringido en los casos previstos por la ley y cuando exista una justificación para ello. Para hacer esta restricción de manera adecuada, el órgano jurisdiccional debe realizar un "Test de proporcionalidad". La Corte señaló que este test implica considerar la legitimidad del fin perseguido con la medida cautelar, la idoneidad de la medida, la necesidad de cautela y la proporcionalidad de la medida solicitada.

Sin embargo, este test no se realiza al imponer la prisión preventiva de manera oficiosa bajo los parámetros del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto se debe a que, en la práctica, esta restricción a la libertad de las personas opera automáticamente y bajo una presunción de culpabilidad, sin que se considere el test de proporcionalidad para determinar si la medida es necesaria y adecuada.

En la sentencia antes aludida, la Corte Interamericana recordó el deber que tiene todo juzgador del Estado Mexicano de efectuar un adecuado control de convencionalidad al aplicar las figuras de el arraigo y la prisión preventiva a fin de que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en las personas investigadas o sometidas a un proceso.

Dicho recordatorio es claro, es directo y es contundente. Recomiendo ampliamente consultar el párrafo 219 de la sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México.

La Corte reiteró que “cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que - en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes- las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.”

A pesar de ese recordatorio con dedicatoria especial para todos los Juzgadores Mexicanos se siguió insistiendo en una interpretación que en lo personal considero errónea de la CT 293/2011 en relación con la preponderancia de la norma constitucional sobre la convencional a pesar de que ambas son Ley Suprema por disposición de la propia constitución.

El argumento, reitero, era que la sentencia del caso Tzompaxtle no se refería al texto del artículo 19 Constitucional a pesar de que claramente en el párrafo 173 textualmente dice “no hay duda acerca del hecho que estas figuras resultan contrarias a la Convención por los motivos expuestos. La Corte nota que el Estado manifestó que actualmente contaba con un sistema penal acusatorio. Las dos figuras analizadas en este capítulo resultan inconvencionales, porque precisamente vulneran algunos de los principios de ese sistema como el principio del contradictorio, la igualdad de armas entre las partes en el proceso, la inmediación, y la publicidad.” El que tenga oídos para oír que oiga.

Repito, por si no se escucho claramente, las dos figuras analizadas (arraigo y prisión preventiva oficiosa) resultan inconvencionales precisamente porque vulneran los principios del sistema acusatorio.

Después de la polémica causada por esta sentencia, de la negación del Estado a aceptar la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y de su postura de defender lo indefendible, sabíamos que venia otra sentencia que tocaba el tema de la prisión preventiva oficiosa, la relativa al caso García Rodríguez y otro vs. México.

La resolución de dicho caso constituía la crónica de una condena anunciada y a pesar de ello, las voces a favor de la prisión preventiva oficiosa alzaban su volumen al grado de que incluso a ultimas fechas se presento en el Congreso General una iniciativa para ampliar el catalogo de delitos de prisión preventiva oficiosa contenidos en el artículo 19 constitucional en contradicción al resolutivo de la Corte que ordena al Estado Mexicano adecuar su ordenamiento interno sobre prisión preventiva en los términos de los párrafos 212,213,y 217 a 219 de la mencionada sentencia.

 El día de hoy 12 de abril de 2023, quizás (ojalá) el último clavo del ataúd de la prisión preventiva oficiosa ha sido puesto en su lugar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, notificó formalmente al Estado Mexicano la sentencia del caso García Rodríguez y otro vs. México. En esta sentencia se hace referencia expresa al contenido del artículo 19 constitucional y la Corte señaló que la prisión preventiva en sí misma no es contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y puede ser una medida que los Estados adopten siempre y cuando cumplan con los requisitos convencionales.

Destaca que, aunque las causas o métodos que se utilizan para justificar dichas detenciones pueden ser considerados legales, esto no significa que sean compatibles con el respeto a los derechos fundamentales de la persona. En esta nueva sentencia y al igual que en el caso Tzompaxtle Tecpile recuerda al Estado Mexicano que para que una medida cautelar que restringe la libertad no sea considerada arbitraria y se respete el derecho a la presunción de inocencia, es necesario cumplir con ciertos requisitos.

Es necesario que existan presupuestos materiales que relacionen a la persona procesada con el hecho ilícito que se investiga. Además, se debe cumplir con los cuatro elementos del "test de proporcionalidad", que incluyen la finalidad legítima de la medida, su idoneidad para alcanzar el objetivo perseguido, su necesidad (es decir, que no haya medidas menos restrictivas disponibles) y su proporcionalidad (es decir, que el sacrificio de la restricción del derecho a la libertad no sea excesivo en comparación con los beneficios obtenidos).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que la prisión preventiva no es una medida punitiva, sino una medida cautelar que debe aplicarse excepcionalmente. Además, señala que la privación de libertad debe estar justificada por razones compatibles con la Convención Americana y que la regla general debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve su responsabilidad penal.

En la sentencia del caso García Rodríguez, se recuerda que los fines de las medidas restrictivas de la libertad deben estar fundamentados en los artículos 7.3, 7.5 y 8.2 de la Convención. Además, se hace referencia a la posición del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ha indicado que la prisión preventiva no debe ser obligatoria para todo tipo de delitos, sino que debe ser evaluada según las circunstancias de cada caso y determinarse caso por caso si la medida es razonable y necesaria.

Con el objetivo de dejar claro que la sentencia se refiere a la figura de la Prisión Preventiva Oficiosa tal y como está establecida en el texto actual del artículo 19 Constitucional, es importante señalar que, aunque la Corte analizó la figura de la prisión preventiva aplicada a las víctimas de este caso en el año 2002 de , la resolución actual se basa en la versión revisada del artículo 19 de la Constitución mexicana que dispone la llamada prisión preventiva oficiosa. En el párrafo 164 de la resolución se establece claramente que "otras decisiones posteriores que revisaron esas medidas cautelares privativas de la libertad se basaron también en la versión revisada del artículo 19 de la Constitución mexicana que dispone la llamada prisión preventiva oficiosa.

En su análisis constató la corte que “el artículo 19 reformado de la Constitución mexicana, el cual establece que la autoridad judicial “ordenará la prisión preventiva, oficiosamente” para ciertos delitos, adolece de las mismas problemáticas que fueron señaladas para el artículo 319del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000.” Con lo que delimita expresamente el análisis al texto actual del 19 constitucional.

En la sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile se sentaron las bases para entender la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la prisión preventiva oficiosa y su relación con los derechos humanos, como lo dijo en esa sentencia la prisión preventiva oficiosa es contraria a los principios rectores del sistema. En la sentencia del Caso García Rodríguez establece claramente que la figura de la prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional de México viola los derechos fundamentales de los individuos y los principios del sistema acusatorio pues limita el rol del juez y afecta su independencia al no permitirle un margen de decisión, y además impide al imputado cuestionar los hechos o el fundamento, lo cual es contrario al principio de contradicción, además del principio de independencia judicial.

Así también la Corte señala en esta última sentencia que el Artículo 19 de la Constitución vulnera el principio de igualdad y no discriminación establecido en el artículo 24 de la Convención Americana puesto que el mismo introduce un trato diferente entre las personas imputadas por determinados delitos con respecto a las demás.

Este trato diferenciado dice la Corte: “puede verificarse en el hecho de que quienes están imputados de cometer ciertos delitos no tendrán posibilidad de controlar ni de defenderse adecuadamente de la medida toda vez que hay un mandato constitucional que impone preceptivamente la medida cautelar privativa de la libertad.

Al respecto y tal como lo señala la propia Corte en esta sentencia el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a distintas garantías mínimas del debido proceso durante el proceso legal, por lo que la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa sin considerar el caso concreto y las finalidades legítimas para restringir la libertad de una persona supone una violación al derecho a la igualdad ante la ley, y por ende una vulneración al artículo 24 de la Convención.

De acuerdo con lo anterior la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el artículo 19 de la Constitución de México contenía y sigue conteniendo cláusulas que son contrarias a varios derechos establecidos en la Convención Americana, tales como el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, el control judicial de la privación de la libertad, la presunción de inocencia, la igualdad y no discriminación. Esto significa que el Estado mexicano vulnera dichos derechos en relación con su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno establecida en el artículo 2 de dicho tratado.

Ahora bien, respecto de la multicitada Contradicción de tesis 293/2011, en la sentencia del Caso García Rodríguez, la Corte Interamericana dedica una análisis especial de ella. La Corte señala que existe un problema aún mayor en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de México, que en la contradicción de tesis 293/2011 aceptó que las restricciones expresas contenidas en la Constitución Nacional desplazaban a las normas internacionales, incluyendo la Convención Americana y las demás integrantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto significa que, según esa interpretación, el Estado mexicano podría estar incumpliendo sus obligaciones internacionales al no aplicar el principio pro-persona y al hacer ineficaces los mecanismos de control de detención y de revisión de detenciones impuestas bajo las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa.

Respecto a ello el Tribunal Interamericano nuevamente recuerda que “ha señalado de forma constante que las distintas autoridades estatales tienen la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas y prácticas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Para llevar a cabo esa tarea, las autoridades internas deben tener cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte, como última intérprete última de la Convención.” (Párrafo 177).

La sentencia destaca en el párrafo 184 que la prisión preventiva debe ser objeto de revisión periódica para asegurarse de que no se prolongue cuando ya no existan razones para su adopción. Esta obligación recae en los juzgadores mexicanos para proteger el derecho a la libertad personal en relación con el debido proceso y evitar la prolongación injustificada de esta medida cautelar, que es la más grave prevista en el ordenamiento jurídico.

En conclusión, esta nueva sentencia señala que además de las violaciones particulares a las víctimas de este caso, “el Estado es responsable por la violación al derecho a la libertad personal contenido en los artículos 7.1, 7.3, y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 8.2 del mismo instrumento, y el derecho a la igualdad ante la ley establecido en el artículo 24 de dicho tratado, todos esos derechos en relación con la obligación de respetar y de garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de la Convención, así como la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida} en el artículo 2 de dicho instrumento, por la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, establecida en el artículo 19 de la Constitución mexicana..” (Véase el párrafo 188).

En la introducción de este artículo se mencionó que la sentencia analizada podría ser la sentencia final que acabe con la práctica de la prisión preventiva oficiosa en México. Esta afirmación se basa en la condena del Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual insta a que se realicen las adecuaciones necesarias en el ordenamiento jurídico interno para evitar la repetición de violaciones a los derechos humanos de las personas sujetas a esta medida cautelar.

Considerando la sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México, podemos afirmar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reafirmado la importancia del respeto a los derechos humanos en los procesos penales y la obligación de los Estados de garantizar el debido proceso y la libertad personal en todo momento. Asimismo, ha establecido que la prisión preventiva no puede ser aplicada de manera automática o arbitraria, sino que debe estar sujeta a un juicio de proporcionalidad y a una revisión periódica que impida su prolongación injustificada. Esta sentencia representa un llamado a los Estados para que respeten sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y adopten medidas efectivas para evitar la repetición de violaciones similares.